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En
la Reunión
Cumbre
de Jefes de Estado de Monterrey, México en Enero del 2004 el presidente
Kirchner dijo públicamente, ante decenas de Jefes de Estado, que la
provincia de Santa Cruz, de la que era entonces gobernador, había
invertido los fondos provenientes de regalías giradas por
la Nación
durante la década del ´90 en
la Reserva Federal
de los Estados Unidos al 1 % anual.
Este
dato fue comprobado falso: el Banco Central Norteamericano no emite bonos
públicos y no opera con colocaciones de Estados Subnacionales.
Desde
entonces a la fecha denuncia de Salbuchi mediante el Gobierno Kirchner se
ha resistido a suministrar información clara y concreta sobre los usos,
destinos, tipo de operaciones y derrotero seguido por estos fondos, en una
actitud sospechosa que compromete seriamente sus antecedentes como
funcionario público y también la transparencia de ciertos actos de su
Gobierno, ya que se parte de dichos no verdaderos expresados como
Presidente de
la Nación
y hechos sobre los que, además, existiría un bloqueo en la investigación
de los mismos.
Los
interrogantes frente a la falta de información sobre el manejo de los
fondos de
la Provincia
de Santa Cruz y la necesidad de esclarecimiento de tales hechos motivan la
inquietud lógica que el presidente Kirchner deba dar explicaciones claras
y precisas sobre el manejo realizado por él de tales dineros públicos.
El
objeto de este trabajo no es aportar ahora datos sustancialmente nuevos
sobre la cuestión ya que las investigaciones están bloqueadas a nivel de
Gobierno sino simplemente sistematizar el problema que ya ha sido
identificado circunscribiéndonos en lo que hace a sus aspectos
financieros y de control.
ORIGEN
DE LOS FONDOS.
En
Abril de 1993
la Administración Nacional
(con Menem Presidente y Cavallo Ministro de Economía) depositó a favor
de
la Provincia
de Santa Cruz (entonces gobernada por Kirchner) 654 MD (*) por concepto de
regalías de petróleo y gas natural que habían sido mal liquidadas a las
provincias hidrocarburíferas desde la década del ´80.
Este
problema se arrastraba desde 1980 y había dado lugar a una presentación
judicial que, después de largos años de pleito, se resolvió a favor de
las provincias reclamantes: Chubut,
La Pampa
, Neuquen, Salta y Santa Cruz. El
total de estas regalías acumuladas, abonadas por el Estado Nacional, habría
llegado a unos 3.000 MD.
Al
gobierno provincial Kirchner le fueron acreditados 654 MD dentro de este
total pero, con el descuento de algunas deudas existentes con
la Nación
y otros conceptos, habría recibido neto 535 MD.
La Nación
le pagó a
la Provincia
de la siguiente forma: el 40 % (40.1) en efectivo (unos 214 MD) y el 60 %
(59.9) en Títulos y Acciones de YPF (unos 321 MD).
Con esta masa de dinero, el gobierno Kirchner adquirió así
acciones de YPF entonces privatizada por unos 290 MD; títulos que fueron
tasados a 19 dólares por acción. Según
datos recientes de
la Provincia
de Santa Cruz la cantidad de acciones adquiridas fueron unas 13.5 millones,
lo que ponderado por el valor unitario citado de 19 US$/acción - daría
un importe algo menor, de 256.5 MD.
Seis
años después, en 1999, estas acciones fueron vendidas por Kirchner a más
del doble de su valor de compra a 44.78 $ por acción percibiendo
la Provincia
, según se dice, unos 660 MD (aunque la cuenta nos daría aquí 605 MD).
La Provincia
habría quedado así, en principio, con una masa de dinero del orden de
los 1.000 MD:
535 M
del giro inicial dentro del cual estaba el valor de compra de las acciones
de YPF más los 660 MD (ó 605) de la venta posterior de dichas acciones (aunque
descontándole el valor inicial).
El
ex ministro Cavallo declaró que en algún momento - dentro de ese período
de 6 años (entre la compra y la venta de las acciones) la provincia llegó
así a tener más de 1.000 MD (habló de 1.084).
Porque hay que tener presente que el resto de los fondos, en el
entretiempo, también tuvo alguna forma de colocación financiera
alternativa. Pero la cifra
exacta para estas cuentas se desconoce y no pueden hacerse conjeturas en
firme mientras se carezca de datos oficiales comprobados y consistentes.
Lo
único cierto es que
la Provincia
recibió originariamente una suma mucho mayor a la que ahora declara de
521 MD sobre todo contando con las operaciones que se hicieron a
posteriori (esencialmente, el adicional de ganancia por la venta de las
acciones de YPF). Santa
Cruz resultó así beneficiada en forma extraordinaria durante la gestión
Kirchner, fundamentalmente por estos fondos acumulados de regalías, que
le reportaron al inicio los 535 MD antes citados.
Según observa el senador Osvaldo Terragno, esta suma fue obtenida
en realidad por Santa Cruz a cambio del apoyo de Kirchner a
la Privatización
de YPF, ya que existía un Acta firmada entre
la Nación
y
la Provincia
de fecha 30.8.91 - por la cual la administración Menem le reconocía
deudas por 480 MD en concepto de las regalías, pero ello quedaba sujeto a
la aprobación legislativa de
la Ley
de Privatización de YPF; de modo que si Kirchner aceptaba apoyar
la Ley
se beneficiaba con el giro de los 480 MD (que luego fueron 535).
La Ley
24.145, de Noviembre de 1992,
estableció de este modo la provincialización de los yacimientos y la
venta de YPF gracias entre otros factores al apoyo dado a esta privatización
por las provincias con explotación y reserva de hidrocarburos (entre
ellas, Santa Cruz).
EXPATRIACIÓN
DE LOS FONDOS.
Hasta
aquí hemos visto algo del origen de los fondos de Santa Cruz y su
acrecentamiento relevante a través de la ganancia obtenida por la venta
de las acciones de YPF en su poder; pero el derrotero y colocación de
estos fondos no está claro ni tampoco el destino del resto de la suma
inicial que fue la otra mitad de los 535 MD recibidos, es decir, la parte
de los importes no aplicados a las acciones de YPF ni, mucho menos, las
colocaciones externas hechas antes y sobre todo después de embolsado el
monto de dicha venta de acciones.
Se
dice y esto no ha sido desmentido por ninguno de los actores que los
entonces Ministro Cavallo y Secretario de Finanzas Daniel Marx asesoraron
al gobernador Kirchner sobre la colocación de los fondos de
la Provincia
en el Exterior. Pero no
se sabe a dónde fueron a parar estos fondos públicos ni el recorrido
financiero que tuvieron. Inicialmente,
habrían sido girados a Bancos de Estados Unidos y Suiza, de donde a su
vez se habrían derivado a otras plazas intermedias, hasta llegar a Suiza.
De hecho, las operaciones de salida de capitales por parte de
la Provincia
se habrían hecho por
la Sucursal Buenos
Aires del Banco de Santa Cruz antes y después de su privatización así
como el pago por servicios prestados por firmas del exterior.
Por
ejemplo, tomando el período Agosto-Octubre de 1995, se podrían constatar
una serie de pagos al exterior hechos a Dean Witter Reynolds Inc, de Nueva
York, en más de una decena de casos y por importes que oscilan entre 2, 3
y 5 MD cada uno. De la misma
manera, con fecha 21.3.95 se constata el pago de una garantía
a KEGA Holding International Inc, por 17.2 MD.
La mayoría de estas operaciones siempre para el breve período de
muestra citado parece eran hechas comprando dólares al Banco Nación (BNA)
y efectuando las transferencias a la o las cuentas de
la Provincia
en el Citibank de Nueva York (entre 14 y 15 MD en Marzo del ´95).
También habría transacciones hechas a través del Banco brasileño
Pan de Azúcar - luego quebrado en forma fraudulenta y otras entidades.
En
todos estos casos tomados por muestreo y que, como tales, pudieran no ser
los más relevantes intervenían el Gerente Departamental J. Domenech y el
Gerente adscripto a
la Intervención Lázaro
Báez (que se entiende actuaba entonces como Gerente General del Banco de
Santa Cruz). Pero, como es
obvio, la reconstrucción fragmentaria de estos datos desde afuera es
tarea imposible si no se tiene acceso a la información y el gobierno de
la Provincia
no la facilita. Y esta cuestión
es de máxima y vital importancia para conocer las grandes operaciones de
colocación de fondos, donde se trataba no ya de transacciones chicas (de
2 a
5 MD) sino de centenares de millones de dólares.
No
hay vuelta que darle: si tales masas de dinero fueron giradas al exterior,
las mismas tienen que estar exactamente detalladas en algún lado en sus
montos, colocaciones, rentabilidades, transferencias, etc., cosas de las
cuales hasta ahora no se tiene información, pese a los reclamos de la
oposición política santacruceña (que no han sido atendidos por
la Justicia
ni por
la Legislatura Local
) y, en particular, frente a la denuncia de Salbuchi en el fuero federal,
que contribuyó en forma determinante a alertar sobre este problema a
la Opinión Pública.
Es
sabido que una de las irregularidades clásicas o típicas en los casos de
fraude o cohecho contra el Estado se efectúa multiplicando
innecesariamente las operaciones de transferencias bancarias (de un banco
a otro, de una filial a otra, de una cuenta a otra, y así sucesivamente).
Como estas operaciones generan comisiones y gastos que son facturados o
descontados por los Bancos al titular (el Estado Nacional o Provincial, o
un Organismo Público cualquiera) luego es de estas comisiones o del valor
de las mismas - de donde se derivan retornos, coimas o sobornos a los
funcionarios intervinientes por
parte de las entidades financieras favorecidas.
Y está, por ende, dentro de las posibilidades lógicas que el
ocultamiento de las operaciones con los fondos de Santa Cruz se explique
justamente por la eventual multiplicación de este tipo de movimientos.
Ésta
y muchas variantes por el estilo pueden explicar irregularidades
producidas, identificando a los funcionarios intervinientes y, sobre todo,
poniendo en claro el grado de rentabilidad de las operaciones realizadas;
para poder llegar así finalmente a la cuenta total de los fondos que hoy
están sustraídos a toda investigación. Por
eso es tan importante, a los fines de control y deslinde de
responsabilidades dentro de los niveles de Gobierno, poder identificar las
operaciones y el derrotero de las fondos, que son dineros públicos.
Porque no basta mostrar ciertos importes o cortes parciales de
información a determinada fecha sino tener la continuidad o concatenación
de las operaciones, así como la rentabilidad producida por ellas en todos
los casos de Inversiones Financieras.
LA
SITUACION ACTUAL.
De
hecho, conforme los datos parciales dados a conocer por el Gobierno de
la Provincia
- recién este año - se reconoce en la actualidad la existencia de un
stock de fondos colocados en el Exterior de 521 MD.
Nótese como es obvio que se estaría blanqueando hoy una suma que
sería aproximadamente la mitad de los fondos totales en juego.
La diferencia faltante se dice, unos 562 MD - según la actual
administración Acevedo habría sido utilizada en sucesivos ejercicios
fiscales desde el año 1993 hasta la fecha; pero no se conocen detalles,
constancias de gasto ni destino preciso de tales partidas de aplicación.
La única declaración oficial concreta sobre los Activos
Financieros en el Exterior de
la Provincia
de Santa Cruz es que al 30.6.05 estarían depositados 521.2 MD en una
cuenta la número 0835-860194-3 del Credit Suisse Private Banking, en
Ginebra, Suiza.
Obsérvese
que el área de Banca Privada (como ha sido constatado por Salbuchi)
corresponde a operaciones del Sector Privado y efectuadas por Personas Físicas,
no Sector Público a cargo de Funcionarios; de lo cual emerge la presunción
que transacciones sobre dicha cuenta se hayan realizado por parte
individuos, como si se tratase de operaciones privadas.
De los 521.2. MD ahora declarados en el Informe que acompaña el
Decreto 2.052/05 del gobernador Acevedo, 38.5 MD corresponden al préstamo
dado recientemente a Petroquímica Comodoro Rivadavia y 482.7 MD a la masa
disponible para repatriación de
la Provincia.
A
su vez, las autoridades declaran que la composición de estos fondos es
actualmente la siguiente: 323.1 MD en Inversiones a Corto Plazo (menos de
un año), 159.5 MD en Bonos e Inversiones similares, 38.5 MD del
Fideicomiso por el préstamo citado y 152.200 dólares en efectivo.
Estos importes como hemos dicho - se declaran hoy depositados en el
Banco Credit Suisse, en Ginebra, Suiza (el mismo banco que bajo la casa
neuyorkina CSFB-Credit Suisse First Boston, dirigido por David Mulford,
participó en el ruinoso Megacanje De
la Rúa-Cavallo
de Junio del 2001), pero se
sabe que antes lo estuvieron en el Morgan Stanley y en la filial
Luxemburgo del Credit Suisse.
Cabe
reiterar que los datos de los fondos de
la Provincia
aparecen sintomáticamente registrados en el Área de Banca Privada, lo
cual abre el interrogante adicional de que tales sumas de dinero se hayan
manejado fuera de los canales oficiales y los funcionarios autorizados
correspondientes. Y
ello es probable dada la naturaleza de las operaciones especulativas que
habrían sido realizadas. Según
información dada a conocer por
la Provincia
este año, en el 2003 los fondos de Santa Cruz estaban colocados en Títulos
y Acciones, en un Fondo de Inversión de Morgan Stanley (subsidiaria de
la Banca Morgan
, aunque bajo la fórmula legal de independencia jurídica) y en una
cuenta del UBS AG (ex Unión e Bancos Suizos), después transferidos a
Ginebra. Ambas jurisdicciones
Luxemburgo y Suiza se caracterizan, como es sabido, por su estricto
secreto bancario.
El
juez federal Jorge Urso, cuando estuvo interinamente a cargo de la causa
por la investigación de los fondos de Santa Cruz a raíz de la denuncia
de Salbuchi libró exhortos a la justicia suiza pidiendo información
sobre estas operaciones pero luego el juez titular Guillermo Montenegro (nombrado
por el presidente Kirchner) los habría dejado sin efecto.
El Dr. Montenegro como fuera informado oportunamente se declaró
incompetente en el caso y giró las actuaciones a
la Provincia
de Santa Cruz, donde el juez penal local Santiago Lozada o Losada (que
pudiera tener conflicto de intereses debido a su relación con la familia
Kirchner) procedió al archivo del expediente, sin que hasta hoy se pueda
tener acceso al fallo. Hasta
aquí, lo poco que se sabe acerca del derrotero legal-administrativo y
financiero-bancario de los fondos de Santa Cruz.
De
todo lo dicho, surge entonces que los 521 MD que aparecen ahora declarados
son prácticamente la mitad del total percibido por
la Provincia
y manejado en forma secreta durante 10 años: entre 1993 y el 2003; o
durante 12 años, si se cuenta hasta la actualidad.
El problema es que se trata de conocer cuál fue el recorrido de
estos fondos, qué operaciones se realizaron con los mismos, qué
rentabilidad dieron y quiénes fueron los funcionarios intervinientes. Y cómo
se llega, entonces, al destino y/o colocación actual de estos dineros públicos.
No
se trata sólo como parecen entenderlo erróneamente algunos sectores del
Gobierno y ciertos políticos en sus denuncias declaradas ante
la Opinión Pública
(no ante los Tribunales) de pedir la repatriación de los fondos de Santa
Cruz, que son los remanentes, sino de conocer el derrotero total de los
mismos. No estamos
hablando solamente de los 500 MD que hoy aparecen sino de los más de
1.000 MD manejados por el gobierno de
la Provincia
durante más de un decenio. Hoy
se sabe, por las informaciones parciales suministradas por el Gobierno de
Río Gallegos, que existe un saldo de 521 MD.
De
este importe, hay que poner aparte 38.5 MD otorgados en préstamo por el
actual gobierno de
la Provincia
a la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia para la construcción de una
nueva planta de cemento portland en Pico Truncado; con lo cual quedarían
disponibles 482.5 MD. El
gobernador Acevedo anunció en Junio pasado la voluntad de
la Provincia
de repatriar o traer a
la Argentina
dichos fondos pero como hemos dicho, estrictamente hablando el problema no
radica es comprometer tal retorno de fondos ya que ello es privativo de
la Provincia
(si es que lo decide a través de los canales institucionales pertinentes)
sino informar sobre el derrotero seguido por la totalidad de éstos, para
poder determinar entonces si las cuentas cierran entre lo transferido al
Exterior más las rentas obtenidas de las colocaciones externas menos los
montos que hayan sido reingresados al país o se encuentren ahora
disponiobles. Y
éste es el tema clave sobre el cual el Gobierno Kirchner y el de
la Provincia
de Santa Cruz evidencian que no quieren suministrar información clara y
concreta.
LA
CARTA SECRETA
DE KIRCHNER.
Frente
a este panorama, y dada la imposibilidad de acceso a la información
financiera fiscal (los fondos de
la Provincia
de Santa Cruz) y a las sentencias judiciales que no toman estado público
(como, en este caso específico, el archivo de la causa por parte del Juez
Lozada, de Santa Cruz) se abre el interrogante complementario de cuál es
el motivo o razón que explica semejante grado de impunidad pública
cuando, desde todos los ángulos (incluso el gubernamental) sentimos a
diario justamente el discurso
de la lucha contra
la Corrupción.
Ocurre
que aquí el Presidente no aclara el pasado de su administración
provincial en un tema tan sensible como es el manejo de los fondos públicos
y no permite esclarecer los hechos vinculados al tema, que podrían tener
una obvia repercusión política. Y ello, pese a la proximidad de algo que
él mismo calificó de plebiscito
de su gestión a través del test electoral de Octubre.
Surge
entonces, paralelamente a la duda central sobre la forma de manejo de los
fondos de Santa Cruz, la lógica pregunta adicional sobre por qué no se
puede ir adelante con las investigaciones del caso bajo un régimen teóricamente
democrático-republicano y sus instituciones.
Porque frente a este caso importante y concreto denunciado sobre
potencial corrupción en el manejo de los fondos públicos resulta que, en
la práctica, nadie interviene en los hechos - por lo menos hasta la fecha
y salvo pocas excepciones salvo por medio de declaraciones.
El
Juez Federal Montenegro (reiteramos, designado por el Dr. Kirchner) deriva
la causa a
la Provincia
de Santa Cruz, pese a que el problema está planteado a raíz de los
dichos falsos del Presidente, que fueron expresados en su condición de
tal en una reunión internacional; y no solamente por el esclarecimiento
de su gestión en materia de fondos públicos provinciales. El Juez Lozada
o Losada, de Santa Cruz sobre quien pesa una fundada duda por conflicto de
intereses debido a la vinculación sentimental que se le atribuye con una
sobrina del presidente; y también a ciertos antecedentes de parcialidad
que habría tenido anteriormente en su gestión resulta que archiva la
causa derivada por el fuero federal sin que se pueda tener acceso al
contenido del fallo.
El
Defensor del Pueblo de
la Nación
se excusa de intervenir, respaldado en el hecho que existe una causa
judicial por el medio; pero no se expide acerca del problema de la falta
de acceso a las sentencias judiciales.
La Oficina Anticorrupción
encargada precisamente, entre otras cosas, de analizar los antecedentes de
los funcionarios públicos demora su participación por razones
administrativas en un tema que toca directamente nada menos que al Jefe
del Estado.
La Justicia
a través de los organismos
superiores de supervisión de orden Federal y Provincial todavía no se
plantea o expide frente al problema de fallos cuestionables o secretos.
Las Organizaciones no Gubernamentales, muchas de las cuales se
muestran activas para estudios y análisis genéricos, se abstienen en
cambio de meterse en un tema flagrante de falta de acceso a la información
y potencial corrupción (como
el caso concreto de Poder Ciudadano, representante en
la Argentina
de Transparency International). De
la misma manera, y pese a que algunos grandes medios de prensa le han dado
cabida muy concreta a la cuestión, el tema no ha podido instalarse aún
en
la Opinión Pública.
El
Banco Central de
la República Argentina
(BCRA) tampoco se mezcla en el asunto pese a que, a través de
la Superintendencia
de Bancos y dado el carácter nacional de las transferencias al y desde el
exterior, posee
la Base
de Datos y el acceso a todas las informaciones bancarias en que desee
entrar, incluyendo lógicamente las transacciones realizadas a través del
Banco de Santa Cruz (antes y después de su privatización a favor del
grupo Eskenazi). Y, por último,
está el Congreso, donde se supone que convergen las inquietudes de los
distintos partidos políticos en materia de información y transparencia,
frente a los dichos falsos de un Presidente que tocan a un aspecto tan
delicado de sus antecedentes de gestión; un ámbito legislativo dónde,
salvo mínimas excepciones, el asunto no se ha perfilado siquiera como
tema de debate.
Qué
es, entonces, lo que explica esta aparente conspiración del silencio
relativa? Y decimos relativa porque se hacen menciones o declaraciones
circunstanciales o genéricas, pero muy pocos entran de lleno en el
problema y asumen la responsabilidad de denunciantes, como sí lo hicieron
en cambio - Salbuchi y Romero, con el patrocinio de los Dres. Labaké e
Iglesias. Cuál es la carta
secreta que puede tener el Gobierno Kirchner para frenar, al menos hasta
ahora, esta pesada sospecha fundada en su contra?
En lo personal, creemos que la respuesta a este interrogante es
simple: la extorsión frente a las irregularidades o los delitos efectivos
o potenciales de los demás; los de toda
la Clase Política.
Porque
la amenaza - ya sugerida por el presidente - pudiera estar en develar que
todas o casi todas las provincias hidrocarburíferas habrían hecho poco más
o menos lo mismo que Santa Cruz; que todas las administraciones
provinciales habrían manejado con la misma discrecionalidad, falta de
transparencia y control sus fondos públicos (como está demostrado en el
manejo de los gastos públicos, los déficits fiscales, y sobre todo, en
la impunidad de las Deudas Provinciales, que son tanto o más ilegítimas
que la de
la Nación
pero ahora han sido federalizadas); que todos los bancos provinciales (muchos
de ellos fuertemente comprometidos en irregularidades investigadas) habrían
manejado de la misma forma sus operaciones como agentes financieros de las
provincias; etcétera.
En
definitiva, que la explicación de esta no intervención de
la Clase Política
, tanto en este caso de los fondos de Santa Cruz como en el de otros temas
graves de las Finanzas del Estado en general, estaría siempre ligada
directa y estrechamente al temor de una contraofensiva gubernamental sobre
las gestiones de administraciones nacionales precedentes y
administraciones provinciales que hayan incurrido en el mismo esquema de
manejo discrecional y no transparente de los fondos públicos.
Y
ello es lo que ataría, en el fondo, las manos de
la Partidocracia
a la impunidad de los gobiernos de turno, porque así se cumple la regla básica
de
la CORRUPCIÓN
: TODO ES NEGOCIABLE.
(*)
NOTA: MD significa siempre
Millones de Dólares que, en la época de
la Convertibilidad
, se tomaban a paridad 1:1 con el Peso, de modo que aquí se consideran
indistintamente las sumas de ese período como equivalentes entre las dos
monedas ($=US$).
Héctor
Giuliano - El
Traductor Radial |