Tras cuatro años de componendas, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia
sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La sentencia no responde a criterios
jurídicos ni afanes de justicia, sino que, en consonancia con la naturaleza política
de la institución, está diseñada para contentar a las partes.
Así, el separatismo catalán -desde el PSC a la Esquerra- se felicita en privado
-aunque en público finja indignación- por tener un nuevo motivo de queja que
alimente su estrategia victimista y de permanente reivindicación, pese a ser
conscientes de que la sentencia no va a tener ningún efecto práctico y que Cataluña
seguirá por la senda del autogobierno hacia la independencia. El independentismo
catalán ve en la sentencia una excusa para "romper el pacto constitucional" y
lanzarse, ya sin disimulos, a la secesión.
En el otro lado, el Partido Popular, formación que interpuso la demanda, se da por
satisfecho con que el TC haya estimado en parte su recurso y anuncia que "no dará
más guerra" en este asunto. El PP tranquiliza con ello su laxa conciencia y engaña a
sus votantes con el mensaje de "no se puede hace otra cosa".
Da igual que el Constitucional diga -extrañamente- que la definición de Cataluña
como nación contenida en el preámbulo del Estatuto carece de efectos jurídicos
aunque no la declare inconstitucional. En la práctica las instituciones autonómicas
catalanas hace tiempo que actúan como si así fuese. Da igual que la sentencia diga
que el idioma catalán no ha de ser "preferente" en la administración, cuando hace
tiempo que es el único empleado por las instituciones catalanas. La Constitución
Española ha sido derogada por la vía de los hechos, suplantada por un enrevesado
entramado jurídico en el que es dificil adivinar la jerarquía normativa y el orden
de prelación de las leyes. En esta indefinición jurídica y ante la falta de
determinación de los sucesivos Gobiernos de España los separatistas van ganando
terreno en sus proyectos secesionistas sin que las fuerzas políticas mayoritarias
-PSOE y PP- hagan nada por impedir el avance y, aún menos, por recuperar terreno.
Urge, en defensa de la nación, dotar al Estado del instrumento legal necesario para
hacer frente al proceso de disgregación que padece España. La Constitución de 1978
no sólo no sirve para asegurar la continuidad de España como nación, sino que es,
por mor de su ineficiencia, el aliado perfecto de todos los secesionistas.
Aprestémonos a su reforma integral haciendo desaparacer el modelo autonómico que nos
conduce a la ruina como pueblo y a la desaparición como nación. Que desaparezcan las
autonomías y con ellas los privilegios de unos españoles sobre otros. Hagámoslo y
hagámoslo cuanto antes.
Madrid, a 29 de junio de 2010.
Norberto Pico.
Secretario General de Falange Española de las JONS.
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