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Las madres son "competencia desleal" para la Cámara Argentina de la Construcción EL ESCÁNDALO SCHOKLENDER-BONAFINI Y EL DESTINO DE LOS SUBSIDIOS por Guillermo Cherashny para El Informador Público
Hace bastantes años que vi jugando en el casino de Puerto Madero a Sergio Schoklender y que pude comprobar que hacía de chofer de Hebe Bonafini al volante de un Audi 4. Por entonces empezaban también sus viajes en jet por todo el país para poner en marcha la construcción de viviendas populares. Cabe señalar que el parricida presupuestaba cada vivienda popular entre U$S 17.000 y U$S 20.000, contra 40 y hasta U$S 60.000 que facturaban las constructoras adheridas a la asociación ilícita que funciona en la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Hace unos tres meses se generó un conflicto en la provincia del Chaco, donde la CAC denunció competencia desleal, porque Schoklender construía por un tercio o el 40% del valor que fijaban las grandes constructoras. Pero al ladero de Bonafini le alcanzaba con los valores que facturaba para darse todos sus gustos de sibarita. Motivos había varios. En primer lugar, no le tenía que pagar comisión a José López, Secretario de Obras Públicas. En segundo lugar, y como consecuencia de gerenciar sin control las construcciones, ganaba más o menos 5.000 dólares por casa, multiplicados por miles que levantó a lo largo y ancho del país. La
caja feliz Schoklender entonces metía la mano y Bonafini, quien lo consideraba su hijo, hacía la vista gorda. Pero la CAC presionaba a José López, planteando que los próceres de los derechos humanos le hacían la competencia desleal. Así llegamos hasta nuestros días. Hoy, la Secretaría de Obras Públicas les debe seis meses a todas las constructoras y lo mismo pasa con la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Es decir que el gobierno, con su morosidad, cortó la bicicleta financiera montada por Sergio Schoklender, quien se quedó pedaleando en el aire. Todo esto pese a la auditoría contable que hacía Felisa “bolsita” Miceli, quien se lleva de maravillas con el parricida. La verdad es que Sergio dejaba afuera de sus curros y vicios a su hermano Pablo, que empezó a armar lío. Sergio, además, estaría maradonizado, consumiendo el “café veloz”. Así fue como llegó el momento de la crisis y dejó entonces un tendal de acreedores. Sería muy interesante que un fiscal federal investigara los precios de las viviendas populares que cobraba la Fundación Madres y también los de las casas de Milagro Sala, que estarían en un nivel razonable. También se deberían comparar estos precios con los de las casas construidas por las empresas adheridas a la CAC. Todos estos elementos estaban en poder del juez federal Julian Ercolini en la causa iniciada por legisladores de la Coalición Cívica. Pero lamentablemente cajoneó el expediente. Cabe recordar que cuando Felipe Solá gobernaba Buenos Aires, en la Secretaría de Derechos Humanos, creada por él, hubo otro escándalo por la falsificación de firmas de cheques entre la diputada Gabriela Cerruti y Estela Carlotto. El hijo de ésta era entonces Secretario de Derechos Humanos bonaerense y el episodio fue extensamente relatado por Horacio Verbitsky en Página 12. Pero tampoco se investigó nada y el asunto quedó en el olvido. Todos estos escándalos evidencian también que hay una manejo desaprensivo con fondos públicos y también con indemnizaciones a familiares de desaparecidos. Estas conductas delictuales están amparadas por el gobierno nacional y la justicia federal se niega a investigarlas. Esta falta de investigación no sería gratis. Habría para no pocos jueces patentes de corso para tramitar arbitrariamente los casos que les interesen. Todo esto dejando a salvo de cualquier investigación o procesamiento a funcionarios públicos. O a beneficiarios del negocio de los derechos humanos.
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