MENTIRAS PÚBLICAS

por Oscar Taffetani

(APe).- El martes pasado, al inaugurar un hospital de 16 habitaciones y 36 camas en Aguilares, provincia de Tucumán, la presidenta Cristina Kirchner pronunció un discurso en el que aludió, de manera indirecta, a los terratenientes y propietarios rurales con los que el Gobierno sostiene desde hace varias semanas una encarnizada disputa.

"Es necesario que demos una gran batalla cultural para hacerles comprender a las elites -dijo- que no deben ver a los gobiernos que luchan por la distribución del ingreso como enemigos".

"La redistribución del ingreso -afirmó en otro pasaje- se convierte en algo más que eslógan de campaña (...) es necesario que quienes más ganan tiendan la mano solidaria hacia el pueblo..."

Ese hospital de Aguilares costó 10 millones de pesos. Y las retenciones móviles que el Gobierno discute con entidades del agro involucran 2.000 millones de dólares. Haciendo una rápida cuenta, podríamos decir que sólo con el plus de retenciones en juego el Estado podría construir 600 hospitales como el de Aguilares en todo el país.

Lástima que hoy el Estado nacional no está construyendo 600 hospitales. Ni 300. Ni tan siquiera 100. A decir verdad, ni siquiera se ocupa como debiera de hospitales históricos como el Clínicas, como el Fiorito o el Muñiz.

“No hay comida para los pacientes, ya hubo siete casos de tuberculosis entre los trabajadores y varios médicos han sido mordidos por perros que andan por los pasillos", leemos en una crónica reciente del Muñiz, hospital de Infecciosas que alguna vez fue modelo en América latina.

¿Ha dicho el Gobierno que va a aplicar esos 2.000 millones de dólares de las retenciones móviles a mejorar la infraestructura sanitaria del país?

¿Lo ha escrito en algún decreto o alguna ley? ¿Figura en el Boletín Oficial?

Porque hasta ahora los decretos y leyes que publica el Boletín Oficial dicen otra cosa.

Una familia privilegiada

Según el decreto 620/08 del Poder Ejecutivo Nacional se ha creado el “equipo médico presidencial", compuesto por 14 profesionales y un empleado administrativo.

Esa atención sanitaria especial para la familia Kirchner le costará al Estado, sólo en sueldos, más de 800 mil pesos al año (que es más de mil veces lo que el Estado invierte en la salud de cada familia argentina).

¿Así es la redistribución? ¿Así es la solidaridad de las elites? Cuando los discursos no van acompañados por los hechos, entonces se convierten en discursos falaces, en vulgares mentiras.

Para que el Gobierno recobre la confianza pública perdida, es necesario que cada palabra de las que dice en la tribuna tenga su contraparte o su correlato en el Boletín Oficial.

(A propósito del Boletín Oficial, y habida cuenta de lo que pasó con el Indec, queremos advertirle a esa tradicional institución argentina que corre un grave peligro).