LA VIVIENDA INALCANZABLE

por Seprin.com

Bajo el gobierno de Kirchner, el acceso a la vivienda de gran parte de los argentinos es más grave que nunca. El Plan Federal de viviendas no se completará en 2006. Los alquileres, cada vez más cerca de las nubes, subieron sin que el Estado intervenga. Los precios son elevadísimos y casi imposibles de pagar desde hace varios meses y el Gobierno nada hizo ni hace para evitarlo.

En realidad, más que ayudar a miles de familias desesperadas por la suba de alquileres, lo que le interesa al Gobierno y los economistas K es terminar el año con un inflación de un dígito. Y para ello deben solucionar los aumentos en los precios de los alquileres.

Para muchos argentinos tener un lugar para vivir se tornó inalcanzable.

El kirchnerismo prometió inversión y mucho dinero en la obra pública. En 2004 lanzó el Plan Federal de Vivienda que costaría 15 mil millones de pesos con la promesa de concluir este año. Pero el objetivo de construir 120 mil viviendas y ofrecer 140 mil soluciones habitacionales, es decir, refacciones y remodelaciones no se cumplió. Según los cálculos más optimistas el plan estaría concluido recién en 2007 o quizás en 2008. El plan está a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, que depende del ministro De Vido y se financia con un Fondo Nacional.

Del total del plan sólo se ejecutó la cuarta parte. La causa del parate y lentitud de las obras es que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no está otorgando los fondos necesarios. El plan consiste en edificar en terrenos mediante licitación. Los particulares se ofrecen a este ente, que selecciona dónde edificar. Luego, hay otra licitación para elegir a la empresa constructora. La Subsecretaría otorga fondos a los institutos provinciales.

El plan se firmó con todas las provincias y quedó con el protagonismo de la UOCRA y CAVERA, Cámara de la Vivienda Económica, que agrupa a los empresarios de la construcción que se convirtieron en contratistas de la obra.

El gremio que lidera Gerardo Martínez aporta el grueso de los 360 operarios que requiere el proyecto mientras que las constructoras son alrededor de 2 mil.

Según lo que se desprende del cálculo de los expertos, con este plan el Estado estaría subsidiando a la construcción porque el dinero que podría destinarse a créditos de particulares va a parar a las empresas de CAVERA para edificar unas viviendas que no se sabe si serán usadas en su totalidad.

Los técnicos que analizan el plan concluyeron que al impulsar un plan tan grande, el dinero que podría destinarse para créditos de particulares va a parar a las empresas de CAVERA para construir unas viviendas que no se sabe si serán usadas en su totalidad. En otras palabras, el Estado está subsidiando a la construcción.

La Nación dividió el plan en cuatro centros geográficos: Noroeste, Noreste, Centro y Sur. Los valores van desde los 2 mil pesos el metro cuadrado en Tierra del Fuego y Santa Cruz hasta los 750 pesos en la provincia de Buenos Aires. Los valores eran de 2004, pero por el decreto 1295/02, se reconocerían mayores costos. Aquellos que accedan al plan pagarán a 30 años.

El Fondo Nacional de la Vivienda es el órgano por el cual se recauda dinero para destinarlo a los institutos provinciales y de ahí a los contratistas. Al comenzar la década del 90, se recaudaba mil millones de pesos anuales, provenientes del impuesto a los combustibles líquidos y gaseosos. Tras una serie de decretos de Menem, en 1998 pasó a recibir dinero solo del impuesto a las naftas súper y común. De ahí que el ingreso pasase a ser cercano a los 500 millones de pesos.

Ese dinero se otorga en forma automática a las provincias, fondos suficientes para llevar adelante el plan. Al elaborarse el proyecto, se destinaron unos 1.500 millones más todo bajo el OK de la Secretaría de Hacienda a la hora de elaborar el Presupuesto Nacional. En el medio, entre la licitación y la obra, hay 29 pasos administrativos: una traba burocrática que dificulta la evolución del plan. La realidad marca que gran parte del dinero destinado y que no llega, se fue a las arcas del FMI en diciembre último, y el Estado aún no puede hacer frente, tras semejante pago, de las derogaciones para obras como el Plan de Vivienda.

Los gobernadores al reunirse con Kirchner, suelen hacer algún reclamo respecto de la evolución del plan, fue tema de charla en reuniones con los radicales disidentes. Esta es una de las demandas de los gobernadores: la lenta evolución de las obras.

Los retrasos en los fondos –aportados en su mayoría por la UOCRA- es uno de los factores que frena el cumplimiento de las metas previstas en 2004. Los institutos provinciales dicen que no les giran el dinero de la Nación.

Tras dos años de trabajo el ritmo de las obras no permitieron alcanzar la ejecución total. Los expertos aseguran que con viento a favor recién a fines de 2007 y principios de 2008 el plan quizás pueda completarse

El Plan de Vivienda corre por cuenta del Ministerio de Infraestructura, más precisamente por Desarrollo Urbano y Vivienda, a cargo del arquitecto Luis Bontempo. Sin embargo, el mandamás es la mano derecha de De Vido, el secretario de Obras Públicas José López, el responsable de coordinar todo el proyecto y quien, con la venia de su jefe, dispone de los fondos que CAVERA recibe. Allí reside gran parte del problema, ya que aparentemente, en CAVERA hay empresarios favoritos y otros no tanto, es decir, hay quienes reciben más dinero que otros, así como habría un desfasaje en los contratos, ya que algunos lograron más viviendas a construir que otros.

Todo esto incide en el parate de las obras y pone nerviosos a muchos, ya que buena parte de sus recursos técnicos y humanos están puestos en construcciones cuya ejecución se dilata. Ajeno a esto aparece la Cámara Argentina de la Construcción, dedicada a las grandes obras de infraestructura y presidida por Carlos Wagner, uno de los hombres fuertes de Esuco, una de las empresas constructoras que más licitaciones ganó cuando Kirchner gobernaba Santa Cruz.

Según el registro único de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de Santa Fe, en la ciudad hay 23.000 familias inscriptas para tener su vivienda.

En Santa Fe, con toda la furia, las dos etapas del Plan Federal prevén 31 mil nuevas unidades habitacionales.

Pero en todo el territorio santafesino hay más de 100 mil familias anotadas en el registro, de las cuales sólo 30 mil pertenecen a Rosario.

En el primer tramo, corresponden a la provincia 10 mil viviendas en 90 localidades con más de 4.000 habitantes, y en el segundo, 21 mil. Pero se abrió el juego a todos los municipios y comunas que reúnan ciertos requisitos: un registro de 40 ó 50 familias inscriptas podrá construir por licitación pública en el marco del plan.

Para anotarse en el sorteo, en un plan de vivienda, el interesado debe tener un recibo de sueldo que acredite que trabaja, esto en una provincia en cuya ciudad de Santa Fe los medios de comunicación calculan unas 95 mil personas con problemas de desempleo: 40 mil con planes de 150 pesos, otros miles que no consiguen trabajo, otros que hacen esporádicas changas y otros que trabajan en negro; en total, casi un 28% de los que estan en condiciones de trabajar.

A pesar de que fueron miles los que bajo las aguas perdieron todo y que incluso, hace pocos días, tribunales internacionales fallaron contra el Estado argentino haciéndolo cargo de indemnizar a las víctimas mortales de la inundación, menos de 800 de esas viviendas son para los inundados en 2003, y para acceder a ellas deben las víctimas de la indolencia capitalista acreditar ingresos económicos estables.

El titular de Viviendas y Urbanismo, Juan José Morín, anticipó: “Mucha gente no paga su cuota por creer que la casa igual es de ella, y no es así. Si no la paga, debe cada vez más”. Las unidades del Plan Federal se pagarán a 30 años con el 1,5% de interés anual, pero el interés por falta de pago es del 1% mensual. “Es decir que una familia que debe 10.000 pesos tiene cada mes una deuda adicional de 100 pesos aparte de la cuota, y cree que igual sigue teniendo la vivienda. Pero sus hijos no van a poder heredarla”.

Desde el 2002, el gran capital se aprovechó de la bancarrota y de la devaluación para acaparar tierras y propiedades a precio vil, y llevar adelante negocios inmobiliarios que llevaron a la vivienda a una carestía insoportable. En los grandes centros urbanos, el techo se "redolarizó". Al calor de esta especulación, se redobló la ofensiva de desalojos y remates. Por orden del FMI, el gobierno levantó las suspensiones de remates por hipotecas de vivienda única. Luego, sancionó una ley de supuesto "salvataje" para deudores hipotecarios que sólo "salva" a los bancos acreedores, ya que establece refinanciaciones leoninas a las que sólo pueden acogerse el 10% de los deudores.

Mientras tanto, se multiplican los remates de vivienda única en todo el país. El eje de la especulación con propiedades, la Capital, es también el centro de una grave escalada de desalojos.

El plan de Kirchner perpetúa el déficit habitacional, pero llenará los bolsillos de la patria contratista de la construcción. Por otra parte, el "plan Federal" está condicionado a que los municipios y gobiernos entreguen tierras públicas disponibles. Es decir que cada obra estará sujeta a la disputa entre punteros locales y nacionales, y a los manejos y adjudicaciones arbitrarias de esos punteros. Las únicas tierras que entrega el estado son terrenos inundables, sin infraestructura o cada vez más lejanos de los centros urbanos.

¿Cómo parar los alquileres?

Tras varios meses de suba indiscriminada de alquileres, en los que grandes propietarios hicieron enormes negocios, el Gobierno decidió intervenir en el mercado de alquiler de propiedades y anunció el diseño de un proyecto de largo plazo que le ponga freno a las subas que registran los valores de los alquileres de viviendas.

En realidad, más que ayudar a miles de familias desesperadas por la suba de alquileres, lo que le interesa al Gobierno es terminar el año con un inflación de un dígito. Ese es el objetivo del equipo económico K, conciente de que uno de los mayores desafíos que enfrentan es encontrar una solución a los aumentos en los precios de los alquileres. Este rubro le viene ganando la carrera a la inflación minorista, y de hecho en los primeros seis meses del año acumuló un alza del 7,2%, contra el 4,9% que registró el costo de vida.

Fuentes de la Secretaría de Comercio Interior reconocieron que esa cartera carece de herramientas para controlar los precios, más allá de los pedidos informales a los empresarios para que no aumenten. A esto se suma que la fuerte atomización del mercado -tanto en el nivel de propietarios como de inquilinos- torna casi imposible consensuar algún acuerdo. Por esta razón, en la dependencia que dirige Guillermo Moreno creen que la solución es a mediano y largo plazo y consiste en abaratar el crédito hipotecario.

Más allá de las rondas de encuentros con los distintos sectores, la mayor preocupación oficial está puesta en el fraccionamiento de los contratos de alquiler, por el cual propietarios e inquilinos aceptan renegociar el precio cada seis meses. Este tipo de contratos no son legales, pero de hecho se volvieron cada vez más comunes, como una manera que tienen los propietarios de resguardarse de los efectos de la inflación.

De acuerdo con la ley de emergencia económica, sancionada en enero de 2002, los contratos de alquiler no pueden ser indexados y deben realizarse por un plazo de por lo menos dos años.

La alternativa legal que tienen los propietarios para cubrirse de los efectos de la inflación son los contratos escalonados, que si bien no infringen la ley de emergencia, a efectos de la evolución del costo de vida son igual de inflacionarios.

En estos convenios las partes acuerdan una cifra global para los dos años de alquiler y luego distribuyen los valores de las cuotas en forma escalonada, de manera de que en el segundo año de contrato los inquilinos pagan un 10 o hasta un 20 por ciento más que al principio.